Es habitual confundir la traducción jurada con la traducción jurídica, pero se trata de conceptos distintos que responden a criterios diferentes.
Hace referencia a quién realiza la traducción y al valor legal que se le otorga: debe estar firmada y sellada por un traductor-intérprete jurado nombrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, y tiene validez oficial ante cualquier organismo, independientemente del tipo de texto (puede ser un certificado, una carta o incluso un texto literario).
Hace referencia al contenido o temática del texto: se trata de la traducción de documentos con contenido legal (contratos, sentencias, leyes, escrituras), que requiere conocimientos especializados en terminología jurídica, pero no necesariamente debe estar firmada por un traductor jurado, salvo que se exija validez oficial.
Sí, y de hecho es muy habitual: una sentencia judicial (texto jurídico) que deba presentarse ante una administración extranjera necesitará una traducción jurídica y jurada a la vez, es decir, realizada por un profesional con dominio de la terminología legal y con capacidad de certificar oficialmente la traducción.
Si el documento va dirigido a un organismo oficial, tribunal, universidad o administración, casi con toda seguridad necesitarás una traducción jurada. Si es para uso interno o informativo dentro de una empresa, puede bastar con una traducción jurídica simple.
